La prevaricación se refiere al acto de un funcionario público o una autoridad que emite una resolución o dictamen de manera deliberadamente injusta, arbitraria o ilegal, a pesar de conocer claramente la falta de fundamento o de justificación legal para ello.
Este acto constituye un delito y, como consecuencia, el funcionario o autoridad que comete la prevaricación puede enfrentarse a sanciones legales que incluyen la inhabilitación de su cargo, multas y en algunos casos, penas de prisión. La prevaricación es vista como una violación seria de la ética y la integridad en el ejercicio de la función públicas.
¿Qué es el delito de prevaricación?
El delito de prevaricación consiste en la acción de emitir una resolución arbitraria por parte exclusivamente de autoridades o funcionarios públicos. Quien comete este acto ilícito se enfrenta a una sanción que implica la inhabilitación de su cargo profesional.
Dentro del Código Penal se contemplan tres variantes de prevaricación según el ámbito específico de la función pública involucrada. Estas categorías incluyen la prevaricación de funcionario público, la prevaricación judicial y la prevaricación cometida por abogados y procuradores.
Tipos de prevaricación
La del funcionario público
La prevaricación cometida por un funcionario público se encuentra regulada en el Título XIX del Código Penal, que aborda los delitos contra la Administración Pública.
Esta conducta delictiva puede manifestarse de dos maneras distintas.
La primera modalidad se encuentra establecida en el artículo 404, y se concreta cuando una autoridad pública emite deliberadamente una resolución a sabiendas de su injusticia. Esta acción constituye un acto de abuso de autoridad, ya que la resolución se pronuncia en favor o en detrimento de un individuo, lo que resulta en perjuicios y alteraciones en el proceso.
Es fundamental que el autor del delito actúe con intención consciente (es decir, con dolo) y que la arbitrariedad del funcionario sea claramente grave, objetiva y manifiesta. Las consecuencias legales de este delito implican una pena de inhabilitación específica para el ejercicio del cargo público, así como la pérdida de derechos políticos pasivos durante un período que oscila entre 9 y 15 años.
Además, cabe destacar que se configura un acto de prevaricación a nivel administrativo cuando un funcionario o autoridad pública designa, propone o confiere la posesión de un cargo público a una persona sin que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Esta designación ilegal conlleva sanciones que incluyen una multa que oscila entre tres y ocho meses, así como una suspensión en el empleo o cargo que varía entre uno y tres años.
La Judicial
El Título XX del Código Penal aborda la normativa referente a los delitos que afectan a la Administración de Justicia. En el artículo 446 de esta sección se contempla la prevaricación judicial, que se materializa cuando un juez o magistrado emite una resolución o sentencia que es notoriamente injusta.
De igual forma, se incurre en un delito de prevaricación judicial cuando un juez, de manera deliberada y sin justificación, retrasa el progreso de un proceso legal o se niega a atender un caso judicial.
Estas acciones ilícitas conllevan sanciones que pueden incluir la inhabilitación temporal o absoluta para ocupar un empleo o cargo público. Además, las acciones contempladas en el artículo 446 pueden resultar en penas de prisión o multas.
La de abogados y procuradores
Los abogados y procuradores pueden incurrir en un delito establecido en el artículo 467 del Código Penal.
Sin embargo, cabe preguntarse si un abogado puede ser el autor de esta ofensa. La doctrina argumenta que el uso del término “prevaricación” es inapropiado en este contexto, dado que los abogados y procuradores no ostentan la calidad de funcionarios públicos. A pesar de ello, el legislador reconoce que estas acciones pueden tener graves consecuencias para el acceso a la justicia y los derechos de los ciudadanos.
Este delito se comete en dos situaciones:
- Defensa de intereses contradictorios: Se presenta cuando un abogado o procurador ha representado, asesorado o defendido a una persona y, sin el consentimiento de esta, brinda servicios de representación a un tercero con intereses en conflicto.
- Perjuicio al cliente: Este delito se produce cuando un abogado o procurador causa un perjuicio evidente a los intereses que se le hayan confiado, ya sea por acción u omisión.
Diferencias entre prevaricación y cohecho
La prevaricación es un delito que se encuentra arraigado en la emisión de resoluciones injustas por parte de funcionarios públicos, jueces, magistrados o autoridades en el ejercicio de sus funciones, y lo hacen con pleno conocimiento y deliberación. Este acto representa una clara infracción al deber legal que recae sobre ellos de actuar de manera imparcial, justa y conforme a la ley. En esencia, la prevaricación implica que estas figuras de autoridad abusan de su poder y toman decisiones que perjudican a personas o intereses concretos sin justificación legal. Este delito socava la confianza en la integridad y la imparcialidad del sistema legal y del gobierno.
En contraste, el cohecho es un delito relacionado con la corrupción y se produce cuando un funcionario público acepta sobornos, regalos u otros beneficios a cambio de realizar o no realizar actos en el ejercicio de sus funciones públicas. A diferencia de la prevaricación, el cohecho involucra un acuerdo corrupto entre el funcionario y la persona que ofrece el soborno. Esta persona busca influir en las decisiones o acciones del funcionario para obtener un beneficio injusto, como un contrato público, un trato preferencial o la evitación de investigaciones legales.
Ambos delitos son perjudiciales para la integridad y la confianza en las instituciones gubernamentales. La prevaricación desafía el principio de imparcialidad en la administración de la justicia y en la toma de decisiones gubernamentales, mientras que el cohecho socava la confianza en la transparencia y la ética en el servicio público. Ambos deben ser perseguidos y castigados rigurosamente para mantener la integridad de un sistema legal y gubernamental justo y confiable.
Diferencias entre prevaricación y tráfico de influencias
A pesar de las similitudes que puedan parecer existir entre la prevaricación y el tráfico de influencias, es crucial entender que son dos delitos distintos que involucran elementos y consecuencias diferentes.
En el tráfico de influencias, se presenta una situación donde una persona aprovecha su posición, relaciones personales o influencia para obtener un beneficio o favor, ya sea para sí misma o para otra persona, en asuntos relacionados con la administración pública. En esencia, esta práctica implica la utilización indebida de conexiones o influencia para obtener ventajas indebidas, y el beneficiario puede ser tanto la persona que ejerce la influencia como aquella que recibe el favor.
La prevaricación, aunque también involucra un abuso de autoridad o posición por parte de un funcionario público, jueces o autoridades, se diferencia en que el único beneficiado directo es el propio funcionario público. Se trata de la emisión deliberada de resoluciones injustas en el ejercicio de sus funciones, a sabiendas de su injusticia, lo que viola los deberes legales y socava la confianza en la integridad del sistema legal y gubernamental.
Además, es importante destacar que en el delito de prevaricación, el sujeto activo debe ser necesariamente un funcionario público, juez o autoridad en el ejercicio de sus funciones. En cambio, en el tráfico de influencias, tanto funcionarios públicos como individuos externos pueden participar, con la intención de obtener favores, contratos o ventajas a través de sus conexiones personales o influencia en el ámbito público.
Estas diferencias fundamentales entre la prevaricación y el tráfico de influencias subrayan la importancia de distinguir claramente entre ambos delitos y de aplicar las sanciones correspondientes para mantener la integridad y la confianza en el sistema legal y gubernamental.
Diferencias entre prevaricación y malversación
La prevaricación y la malversación son dos delitos que, aunque están relacionados en el ámbito de la corrupción pública, presentan diferencias esenciales que se deben resaltar para comprender mejor su naturaleza y consecuencias.
Prevaricación
La prevaricación se refiere a la emisión de resoluciones o dictámenes injustos por parte de funcionarios públicos, jueces o autoridades, en el ejercicio de sus funciones, actuando de manera deliberada y consciente. Este acto constituye un abuso de autoridad y una violación de los deberes legales, lo que socava la confianza en la integridad del sistema legal y gubernamental. En este caso, el beneficiario de esta conducta no necesariamente obtiene beneficios materiales, ya que el acto ilícito se centra en la injusticia de la resolución emitida.
Malversación
Por otro lado, la malversación involucra la apropiación o desviación indebida de fondos públicos o recursos que estaban destinados a una finalidad específica. Este delito se manifiesta cuando una persona, ya sea funcionario público, tesorero, empleado gubernamental o incluso contratista, utiliza el dinero público de manera fraudulenta o no autorizada para beneficio propio o para fines distintos a los previstos originalmente. En este caso, el beneficiario obtiene beneficios materiales al apropiarse de los fondos públicos desviados.
Una distinción fundamental entre ambos delitos es que la prevaricación sólo puede ser cometida por funcionarios públicos, jueces o autoridades en el ejercicio de sus funciones, mientras que la malversación puede ser perpetrada por cualquier persona que tenga acceso a fondos públicos. Además, la prevaricación se centra en la injusticia de las resoluciones emitidas, mientras que la malversación implica la apropiación indebida de recursos financieros.
Estas diferencias subrayan la importancia de la precisión en la legislación y la justicia, y destacan la necesidad de sanciones específicas para cada tipo de delito con el fin de mantener la integridad y la confianza en las instituciones gubernamentales y legales.
