Los delitos fiscales

Los delitos fiscales

Los delitos fiscales son aquellos que se producen cuando se defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos o disfrutando de beneficios obtenidos indebidamente.

Todo ello siempre y cuando la cuantía de la cuota defraudada excediera de ciento veinte mil euros.

La regulación de los delitos fiscales se encuentra en el Título XIV del Código Penal, artículo 305.

Tipos de delitos fiscales

Existen tres tipos de delitos fiscales:

  • Delito fiscal básico: Se produce cuando se defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma.
  • Delito fiscal atenuado: Se puede considerar de este tipo si la persona reconoce los hechos y paga la deuda antes de 2 meses.
  • Delito fiscal agravado: Este tipo de delitos ocurre cuando se defrauda más de 600.000€ además de que lo haya cometido una organización criminal.

Cuantía del delito fiscal

Para que se considere delito fiscal, la cuantía defraudada debe ser superior a 120.000€ dentro de la Unión Europea.

En los casos en que el delito se realice fuera de la UE o el importe defraudado no supere los 120.000€, no se tratará como fraude fiscal y tendrá un proceso legal administrativo y no penal.

Penas por delito fiscal

Las penas por delito fiscal incluyen prisión de entre uno a cinco años y una multa económica que iría desde la cantidad defraudada, hasta seis veces dicho monto.

Sujetos del delito fiscal

El sujeto pasivo del delito fiscal es la Hacienda pública en cualquiera de sus modalidades territoriales: estatal, autonómica, foral, local o europea.

Exención del delito fiscal

El delito fiscal puede quedar exento si la persona o personas han pagado de forma voluntaria las deudas antes de que la Hacienda Pública inicie el procedimiento sancionador.

Prescripción del delito fiscal

El delito fiscal prescribe a los 5 años, aunque si se ha denominado delito fiscal agravado, lo hará a los 10 años.

Fraude fiscal vs delito fiscal

Aunque el fraude fiscal y el delito fiscal parecen lo mismo, se calificarán de uno u otro dependiendo de la gravedad que alcance.

Todas las infracciones de este tipo se pueden considerar fraude fiscal pero, por el contrario, no todas incurren en un delito.

Delito fiscal y Administración tributaria

Cuando se comete un delito fiscal, es el juez y no la Administración tributaria el que fija el importe de la deuda tributaria.

¿Cómo se puede denunciar un delito fiscal?

Para denunciar un delito fiscal, puedes seguir estos pasos:

Recopilar evidencia:

Antes de realizar la denuncia, es importante recopilar la mayor cantidad de evidencia posible.

Esto puede incluir facturas, recibos, extractos bancarios u otros documentos que ayuden a probar el delito.

Interponer una denuncia:

Si tienes evidencia de un delito fiscal, puedes interponer una denuncia ante la autoridad competente.

En España, puedes hacerlo acudiendo a la Fiscalía del lugar de tu domicilio o contactando a la Fiscalía Europea si el delito afecta los intereses de la Unión Europea.

Presentar la denuncia:

La denuncia se puede presentar en persona, por correo o a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda.

En el caso de la Fiscalía Europea, la denuncia se puede presentar en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea.

Proporcionar información:

Al realizar la denuncia, es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre el delito, incluyendo la identidad del presunto autor, el tipo de delito, la cantidad defraudada y cualquier otro detalle relevante.

Proteger tu identidad:

Si deseas permanecer en el anonimato, puedes hacerlo no proporcionando tu información personal en la denuncia.

Sin embargo, debes tener en cuenta que esto puede limitar la capacidad de las autoridades para investigar el delito.

Seguir el proceso de la denuncia:

Después de realizar la denuncia, es importante hacer un seguimiento para asegurarse de que las autoridades estén tomando medidas.

Puedes hacerlo contactando a la Fiscalía Española para preguntar sobre el estado de la investigación.

Consecuencias legales:

Denunciar un delito fiscal puede tener consecuencias legales para el denunciante, incluyendo sanciones administrativas o penales.

Por lo tanto, es importante estar al tanto de estas consecuencias antes de realizar la denuncia.

Protección de datos:

La Fiscalía Española tratarán la información y los documentos proporcionados de acuerdo con las regulaciones de protección de datos.

Por lo tanto, es importante conocer cómo se utilizarán y protegerán tus datos.

Prescripción:

La prescripción de los delitos fiscales es de cinco años, excepto en casos de delitos fiscales agravados, que tienen una prescripción de diez años.

Por lo tanto, es importante realizar la denuncia lo antes posible para asegurar que el delito no prescriba.

Interrupción de la prescripción:

La interposición de una querella o denuncia interrumpe la prescripción, pero siempre dentro de un plazo de seis meses (o dos meses para el caso de faltas) desde la interposición de la misma.

Por lo tanto, es importante realizar la denuncia lo antes posible para interrumpir la prescripción.

Garantías procesales:

La denuncia de un delito fiscal debe respetar las garantías procesales, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Por lo tanto, es importante asegurarse de que la denuncia se realice de acuerdo con estas garantías.

¿Cuándo se considera que una infracción fiscal es un delito?

Un delito fiscal se considera cuando una persona física o jurídica defrauda a la Hacienda Pública por un importe superior a 120.000 €.

La defraudación puede ocurrir por eludir el pago de impuestos, no declararlos, obtener devoluciones tributarias o beneficios fiscales indebidamente de la Hacienda Pública estatal, autonómica o local.

Para que los hechos sean considerados delito fiscal, el sujeto tiene que haber tenido la intención de defraudar y haber utilizado medios engañosos o con el ánimo de eludir el pago de impuestos.

El Código Penal español, Ley Orgánica 10/1995, establece las penas para este delito, que incluyen prisión de entre uno a cinco años y una multa económica que va desde la cantidad defraudada, hasta seis veces dicho monto.

El delito fiscal se encuadra en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y se considera grave cuando acaecen en él una serie de circunstancias concretas que lo hacen más grave que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor.

Para que las conductas relativas al impago de tributos sean consideradas como fraude fiscal, la cuantía debe superar los 120.000€ dentro de la Unión Europea.

En los casos en que el delito se realice fuera de la UE o el importe defraudado no supere los 120.000€, no se tratará como fraude fiscal y tendrá un proceso legal administrativo y no penal.

¿Cuál es la diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal en el delito fiscal?

La diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal en el delito fiscal radica en la forma en que se representa el castigo.

En el caso de la sanción administrativa, el castigo se representa en forma de una cuantía económica, mientras que en el caso de la sanción penal, se materializa en una condena privativa de libertad o, dicho de otra manera, en una pena de cárcel.

La sanción administrativa se impone por infracciones tributarias, que son acciones u omisiones que vulneran las normas tributarias y que se sancionan con multas administrativas.

Por otro lado, la sanción penal se impone por delitos fiscales, que son conductas más graves que las infracciones tributarias y que se sancionan con penas de cárcel.

La diferencia entre las sanciones administrativas y penales dentro del delito fiscal es, por tanto, fundamentalmente, que en la sanción administrativa el castigo se representa en forma de una cuantía económica, mientras que en la sanción penal se materializa en una condena privativa de libertad.