¿Qué es un juicio rápido penal?
El juicio rápido es un proceso penal especial que permite que determinados delitos sean enjuiciados con una mayor agilidad y de una forma más sencilla (enjuiciamiento rápido de delitos). Está regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
¿Cuándo procede el juicio rápido?
El juicio rápido constituye una herramienta legal con el propósito fundamental de acelerar el proceso de instrucción y enjuiciamiento en el ámbito de ciertos delitos. Para que este mecanismo sea aplicado, deben cumplirse condiciones específicas, las cuales engloban:
- Iniciación del proceso a través de un atestado policial: Esto implica que la policía debe llevar a cabo la citación del presunto delincuente, y posteriormente presentarlo ante la autoridad judicial o citarlo para comparecer como denunciado. Esta vía de inicio, a través de un atestado policial, agiliza el proceso en comparación con otros métodos más complejos.
- Limitación de la pena a un máximo de 5 o 10 años, según se especifica posteriormente: Para ser elegible para un juicio rápido, el delito en cuestión debe conllevar una pena que no exceda los 5 o 10 años, dependiendo de las disposiciones legales específicas. Esta restricción en el rango de penas garantiza que únicamente se aplique a delitos de menor gravedad.
- Solo se aplica a determinados delitos: Es fundamental subrayar que el juicio rápido se aplica exclusivamente a delitos determinados, lo que significa que no todos los delitos entran dentro de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, no todos los casos delictivos se beneficiarán de este procedimiento acelerado.
Además, es relevante tener presente que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece exclusiones para ciertos delitos, lo que implica que no se pueden someter a un juicio rápido. Para determinar si un delito específico será tramitado a través de este procedimiento, es esencial verificar que cumple con todos los requisitos mencionados y no está sujeto a ninguna de las excepciones establecidas por la ley.
Iniciación por atestado policial
Para acceder a un juicio rápido, es necesario que el proceso se inicie a través de un informe policial. Esto implica que se deben cumplir dos condiciones fundamentales:
- Aprehensión del supuesto delincuente y presentación ante la autoridad judicial por parte de la policía: En el primer escenario, se lleva a cabo la detención del presunto delincuente por parte de las fuerzas de seguridad, y se le presenta inmediatamente ante la autoridad judicial competente. Esta acción es vital para el inicio de un juicio rápido, ya que permite una respuesta judicial ágil.
- Citación de la persona para comparecer ante el Juzgado de guardia como denunciada en el informe policial: En el segundo escenario, si la persona no ha sido detenida pero ha sido citada por la policía para comparecer ante el Juzgado de guardia en calidad de denunciada en el informe policial, esto también da lugar al procedimiento de juicio rápido. Esto asegura que se tome acción legal de manera oportuna, incluso si no se ha efectuado una detención.
Los juicios rápidos tienen como objetivo simplificar y acelerar los procedimientos legales cuando la policía descubre la comisión de un delito. Por lo tanto, es imprescindible que se trate de un delito flagrante, lo que facilita un enjuiciamiento expedito de delitos que están siendo cometidos o que han sido recientemente perpetrados. Esta agilidad se logra a través de la captura inmediata del delincuente, su persecución inmediata después del descubrimiento o la identificación de efectos o instrumentos que indiquen su participación después de la comisión del delito, lo que permite una respuesta legal rápida y eficiente.
Penas máximas para que proceda
Por otro lado, es importante destacar que la exclusión de delitos con penas que superen ciertos límites es un factor clave en el proceso para determinar si un caso puede ser sometido al procedimiento de juicio rápido.
En este contexto, sólo aquellos delitos que se ajusten a ciertos criterios específicos pueden ser objeto de investigación y enjuiciamiento a través de este mecanismo especial. Estos criterios incluyen:
- Pena de prisión no superior a 5 años: Uno de los factores determinantes es que el delito esté castigado con una pena de prisión que no exceda los 5 años. Esto garantiza que los casos que impliquen una gravedad relativamente menor sean susceptibles de ser considerados para un juicio rápido.
- Otras penas con duración no superior a 10 años: Además de la pena de prisión, también se pueden tener en cuenta otras sanciones legales que se establezcan para el delito en cuestión. En este caso, estas penas adicionales no deben superar un período de 10 años. Esto amplía la gama de delitos que pueden ser considerados para el juicio rápido, siempre que se mantengan dentro de este límite temporal.
Estos límites en las penas imponen restricciones significativas en los tipos de delitos que pueden ser abordados mediante el proceso de juicio rápido, asegurando que se centren en asuntos de menor gravedad y promoviendo una justicia más rápida y ágil en casos apropiados.
Delitos que se pueden enjuiciar
No todos los delitos se pueden enjuiciar mediante el procedimiento del juicio rápido. El art. 795.1.2ª LECrim recoge una lista cerrada de los delitos que puede abrir este procedimiento:
- Lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica contra personas cercanas (ej. cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos, menores de edad y discapacitados convivientes…).
- Hurtos, robos y delitos de robo y hurto de vehículos.
- Delitos contra la seguridad del tráfico (ej. alcoholemia, conducción sin carnet, conducción sin puntos, negativa a realizar la prueba de alcoholemia y drogas…).
- Daños.
- Delitos contra la salud pública.
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Esto es lo que más diferencia al procedimiento abreviado, el cual es más flexible y permite aplicarse a una amplia variedad de delitos, no solo a una lista cerrada de delitos.
Excepciones al juicio rápido
Si el supuesto delito cumple con todos los criterios mencionados, se podría considerar para ser sometido a un juicio rápido, a menos que:
- La instrucción sea previsiblemente compleja: Es importante tener en cuenta que el juicio rápido está diseñado para simplificar la resolución de casos que son relativamente sencillos de investigar. Por lo tanto, se limita a delitos flagrantes en los cuales la policía ha tenido un papel fundamental en su descubrimiento. De acuerdo con el artículo 795.1.3º de la ley, uno de los requisitos impuestos es que la instrucción del caso sea presumiblemente sencilla. Cuando se prevé que la investigación requerirá un esfuerzo y tiempo significativos, el caso no será apto para el juicio rápido.
- El delito esté relacionado con otros casos que no puedan ser enjuiciados mediante este procedimiento: Esta excepción guarda relación con el punto anterior. Si el delito en cuestión tiene vínculos con otros casos que requieren una instrucción más compleja o no son adecuados para el juicio rápido, entonces se excluye del ámbito de aplicación de este procedimiento.
- Sea necesario ordenar el secreto de las actuaciones: Si se determina que es necesario mantener el secreto en relación con el caso, ya sea para proteger la integridad de la investigación o por otros motivos legales, el caso no será elegible para el juicio rápido. El secreto de actuaciones implica que la información y los detalles del caso se mantendrán confidenciales y no estarán disponibles para el público.
Estas excepciones se aplican para garantizar que el juicio rápido se utilice de manera adecuada y eficaz en casos que cumplen con los criterios específicos de sencillez y agilidad, promoviendo así una justicia rápida y eficiente en situaciones apropiadas.
Procedimiento del juicio rápido
Cuando un delito presenta las cualidades que hemos descrito, suele ser propenso a un enjuiciamiento simplificado. Es por ello que el procedimiento de juicio rápido tiene como objetivo abreviar los plazos y simplificar los trámites en el proceso penal.
Como ocurre en otros procedimientos legales, el juicio rápido se divide en dos fases distintas: una de instrucción y otra de enjuiciamiento. Sin embargo, este proceso posee una particularidad relevante, ya que puede concluir durante la fase de instrucción si se llega a un acuerdo, mediante una sentencia de conformidad.
Las etapas del juicio rápido se desglosan de la siguiente manera:
Apertura de diligencias:
Antes de que se inicie el juicio propiamente dicho, la policía debe llevar a cabo una serie de diligencias en un plazo máximo de 72 horas, antes de presentar al detenido ante la autoridad judicial.
Estas acciones incluyen solicitar informes médico forenses, informar al denunciado sobre sus derechos (especialmente el derecho a ser asistido por un abogado), citar a los denunciados que no hayan sido detenidos, así como a posibles testigos.
Además, en algunos casos, se pueden solicitar análisis por parte del Instituto de Toxicología, el Instituto de Medicina Legal u organismos similares, y se pueden llevar a cabo pruebas de alcoholemia o toxicológicas.
Fase de instrucción:
La finalidad de esta etapa es establecer una narrativa de los hechos que serán objeto de enjuiciamiento posterior.
Se desarrolla en el Juzgado de Guardia mediante diligencias urgentes. Durante esta fase, es posible solicitar medidas cautelares o lograr el sobreseimiento del caso.
Además, en el juicio rápido, el acusado tiene la oportunidad de negociar con el fiscal, ya que un acuerdo con la fiscalía permitirá al juez emitir una sentencia de conformidad. En estos casos, la pena propuesta por el fiscal se reducirá en un tercio.
Juicio oral:
Si el acusado no llega a un acuerdo con el fiscal, deberá presentar una declaración de defensa por escrito. En los 15 días siguientes, se le citará en el Juzgado de lo Penal para llevar a cabo el juicio oral. Una vez concluida la vista, el juez tiene un plazo de 3 días para emitir una sentencia. En ciertos casos, el juicio puede concluir mediante la aceptación de un decreto.
Es importante señalar que se puede impugnar la sentencia presentando un recurso de apelación en un plazo de 5 días.
De este modo, incluso después de que el procedimiento haya finalizado, un abogado penalista competente podría evitar una condena definitiva.
¿A cuánto suben las costas de un juicio rápido?
En contraste con otros procesos judiciales, los juicios rápidos se caracterizan por ofrecer una mayor previsibilidad en lo que respecta a las tarifas legales. Esto implica que, aunque los abogados conservan cierta flexibilidad para determinar sus honorarios, la mayoría de ellos tiende a establecer precios que se sitúan típicamente en un rango que fluctúa entre los 300 y 600 euros.
Esta previsibilidad en las tarifas de los juicios rápidos puede deberse a varios factores, como la naturaleza más simplificada de estos procedimientos en comparación con otros litigios más complejos. Dado que los juicios rápidos suelen estar dirigidos a casos más simples y de menor gravedad, los abogados a menudo pueden estimar con mayor precisión la carga de trabajo y el tiempo requerido para representar a sus clientes, lo que facilita la estandarización de los costos.
Sin embargo, es importante destacar que, en última instancia, la tarifa exacta puede variar según diversos factores, como la experiencia del abogado, la ubicación geográfica y la complejidad específica de cada caso. Aun así, la previsibilidad en las tarifas de los juicios rápidos brinda una orientación útil tanto para los abogados como para las personas que buscan servicios legales en este tipo de procedimientos.
