El concurso de acreedores es un procedimiento legal diseñado para permitir que un deudor que se encuentra en una situación de insolvencia aborde, en la medida de sus posibilidades, el pago de sus deudas. Dependiendo de la cantidad de acreedores involucrados y el monto de los créditos pendientes en contra del deudor insolvente, puede resultar inviable el pago completo de todas las deudas.
¿Qué es el concurso de acreedores?
El concurso de acreedores establece un mecanismo de satisfacción de deudas, pero también supone una solución de segunda oportunidad y una herramienta de protección social.
Actúa como mecanismo de satisfacción de deudas garantizando que los diferentes acreedores cobren en igualdad de condiciones. Esto impide que el primer acreedor en reclamar perjudique el cobro del resto.
Como solución de segunda oportunidad busca que continúe la actividad económica. Así, trata de prevenir el impacto social que produce la quiebra empresarial.
Por último, es también una herramienta de protección social, ya que busca hacer prevalecer el cobro de determinados créditos. De esta forma, tanto los trabajadores como la Administración Pública tienen cierta prioridad, al igual que los bancos respecto de las hipotecas.
Por lo tanto, el concurso de acreedores trata de proporcionar:
- Un plan de reestructuración para permitir que continúe la actividad empresarial.
- Una solución de pago parcial pero igualitaria para todos los acreedores, respetando siempre el orden de prelación de créditos.
- La liquidación del patrimonio del deudor para poder aplicarlo al pago de las deudas.
¿Quién puede declararse en concurso de acreedores?
El concurso no se limita únicamente a empresas; puede iniciarse también en relación a individuos, fundaciones y herencias. A pesar de esto, la gran mayoría de los casos de concurso de acreedores se presentan en el ámbito empresarial. Por lo tanto, cuando se mencionan términos como “la empresa” o “el empresario” como el deudor en el concurso, no se debe interpretar de manera exclusiva, ya que también puede referirse a particulares.
Para abordar los concursos de acreedores de personas físicas, la Ley de la Segunda Oportunidad es la normativa mayoritariamente utilizada.
¿Cuándo se declara el concurso de acreedores?
El emprendedor está obligado a pedir el concurso de su empresa cuando se encuentre en una situación de posible insolvencia, insolvencia actual o inminente.
Si no lo hace, podría enfrentar una declaración de culpabilidad del concurso, que se detallará más adelante. Además, sus acreedores pueden iniciar este proceso si sigue sin solicitarlo.
La Ley Concursal permite solicitar el concurso desde el momento en que sea objetivamente previsible que la empresa no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones que venzan en los próximos dos años. También se exige que se declare el concurso en el momento en que sea imposible cumplir con las obligaciones de manera regular.
El cumplimiento regular se evalúa desde diferentes perspectivas:
- Desde un punto de vista económico: La empresa no puede pagar todas sus deudas en su totalidad.
- Desde una perspectiva temporal: La empresa no puede satisfacer sus obligaciones puntualmente.
Además, se considera que no se puede cumplir regularmente con las obligaciones si se debe recurrir al endeudamiento sistemático, ya que esto solo crea la ilusión de solvencia y puede llevar a una deuda aún mayor debido a los intereses. Cuando se confirma esta situación, el empresario debe solicitar el concurso voluntario en un plazo de dos meses.
También es posible iniciar negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración y comunicar este proceso. Esta comunicación debe ser más detallada y brinda un período de protección de tres meses, que puede extenderse por otros tres meses si es aprobado por los acreedores que representen más del 50% de la deuda que podría verse afectada por el plan de reestructuración.
¿Cómo se declara el concurso de acreedores?
La declaración de concurso puede ser iniciada por el deudor mismo o por sus acreedores, lo que se conoce como concurso voluntario y concurso necesario, respectivamente.
En el concurso voluntario, el empresario debe solicitarlo si prevé que no podrá cumplir regularmente con las obligaciones que vencen en los próximos dos años, o en un plazo de dos meses a partir del momento en que conozca su insolvencia.
En cambio, el concurso necesario es presentado por un acreedor cuando ha intentado sin éxito cobrar una deuda. También, los socios de la empresa pueden solicitarlo.
En todos los casos, es necesario proporcionar pruebas de la insolvencia de la empresa, incluyendo:
- Un informe económico detallado.
- Un inventario de los activos y derechos de la empresa.
- Una lista de los acreedores.
Estos documentos son esenciales para evaluar si es apropiado declarar el concurso y se utilizarán posteriormente para determinar los activos y pasivos de la empresa.
Fases del concurso de acreedores
El proceso de concurso de acreedores se divide en cinco etapas, aunque no es obligatorio que se presenten todas ellas.
Cada concurso sigue un curso específico y, en algunos casos, es posible evitarlo mediante la implementación de un plan de reestructuración, que es una herramienta preconcursal dirigida a empresas con problemas financieros, permitiendo tomar medidas en una etapa más temprana. En otros casos, sin embargo, será necesario proceder a la liquidación de la empresa.
1.- Plan de reestructuración
A partir del momento en que el empresario se enfrente a la posibilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, puede iniciar un proceso de negociación con el propósito de desarrollar un plan de reestructuración dentro de un plazo de tres meses. Este período puede extenderse por otros tres meses si es solicitado o aprobado por los acreedores que representen más del 50% de la deuda afectada por el plan de reestructuración.
Si, durante este periodo de negociaciones, el deudor opta por solicitar voluntariamente el concurso, el juez podría suspender dicha solicitud si considera que existe la viabilidad de alcanzar un plan de reestructuración a corto plazo. Esto puede ser determinado por un experto en reestructuraciones o por los acreedores que representen más del 50% de la deuda afectada.
Para facilitar las negociaciones y la elaboración del plan de reestructuración, se cuenta con la figura del experto en reestructuraciones, quien también está encargado de evaluar el valor en funcionamiento de la empresa cuando no se logra la aprobación del plan por todas las clases de acreedores o los socios, en caso de ser necesario. Es importante destacar que este experto no tiene injerencia ni supervisa el control de los activos y las decisiones patrimoniales del deudor.
Los planes de reestructuración no solo impactan en las deudas (pasivo), sino también en los activos y los recursos propios, lo que incluye la venta de activos o unidades productivas, así como la liquidación completa de la empresa (planes liquidativos).
Además, los efectos del plan pueden extenderse a los acreedores disidentes que poseen diversos tipos de créditos, a excepción de los créditos laborales, los alimenticios, los extracontractuales y los créditos de derecho público, hasta cierto límite.
La aprobación del plan de reestructuración requiere que los acreedores se agrupen en clases de acuerdo con criterios objetivos y adecuadamente fundamentados, como la igualdad de rangos crediticios. El plan se considera aprobado para cada clase de créditos cuando más del 66% del valor del pasivo correspondiente a esa clase lo respalda, excepto en el caso de los créditos con garantía real, donde se necesita el respaldo de al menos el 75% del pasivo.
A pesar de que el plan no obtenga la aprobación de todas las clases de acreedores, la ley permite la homologación del plan de reestructuración, lo que implica que los acreedores disidentes dentro de una clase que haya votado a favor (conocido como “arrastre intraclase”) y clases enteras de acreedores disidentes (llamado “arrastre interclase”) quedan comprometidos por el plan. Esto es aplicable tanto a personas jurídicas deudoras como a socios disidentes, siempre y cuando la sociedad se halle en una situación de insolvencia actual o inminente.
2.- Actos previos
Esta etapa comprende la presentación de la solicitud de inicio del concurso, la documentación que describe las circunstancias relevantes y los primeros procedimientos legales. Durante este periodo, el deudor tiene la posibilidad de adjuntar al pedido lo que se conoce como “pre-pack”, que constituye una propuesta escrita y vinculante por parte de un acreedor o un tercero interesado en la adquisición de una o más unidades productivas.
Además, es en esta fase en la que se pueden solicitar medidas cautelares, y culmina con la emisión de una resolución de admisión a trámite por parte del juez, lo que marca el comienzo de la fase común del proceso concursal.
3.- Fase común
La fase inicial del concurso se inicia con la declaración de la insolvencia y establece ciertas obligaciones tanto para el deudor como para los acreedores, así como para las relaciones legales entre ambas partes.
En relación con el deudor, esta etapa impone la obligación de colaborar y restringe sus facultades sobre su patrimonio. En los casos de concursos voluntarios, el deudor necesitará la autorización de la administración concursal para disponer de sus activos. Sin embargo, en los concursos necesarios, la administración concursal tomará el control de los actos de disposición en lugar del deudor.
En lo que concierne a los acreedores, se limita su capacidad de realizar reclamaciones. Durante esta fase, se suspenden las ejecuciones judiciales con el propósito de preservar el patrimonio y respetar el orden de prioridad de los créditos. Por lo tanto, no pueden embargar los bienes del concursado.
La administración concursal desempeña un papel clave al participar en los actos de disposición del empresario, conservar y administrar los activos de la empresa. Debe preparar un informe que aborde el estado financiero de la empresa, un inventario y una lista de acreedores. Además, se toma la decisión de liquidación o el desarrollo de un convenio en esta fase, y se dispone de un plazo de dos meses para llevar a cabo estas tareas.
En relación al patrimonio del deudor, se determinan tanto los activos como los pasivos. En otras palabras, se establecen los derechos de cobro y los activos disponibles para enfrentar las deudas.
Otras situaciones llamadas “concursos express” o “sin masa”, es posible omitir la participación de la administración concursal si no hay solicitudes de acreedores que representen, al menos, el 5% del pasivo.
El propósito de la fase común es definir la extensión del concurso y, al mismo tiempo, preservar el patrimonio del deudor con miras a aplicar un convenio o llevar a cabo una liquidación. Esta fase culmina con la elaboración de un informe por parte de la administración concursal, donde se debe especificar el tipo de resolución que se busca alcanzar.
4.- Fase de resolución
La resolución del concurso puede darse por dos vías:
- Convenio: Este proceso puede ser iniciado de manera anticipada o en un momento posterior. Su finalidad es lograr un acuerdo con los acreedores para facilitar los pagos, lo que puede implicar reducciones de deuda y plazos de espera. Este acuerdo debe contar con la aprobación de un tribunal y se supervisará para garantizar su cumplimiento. En caso de no cumplirse, el concurso podría ser declarado culpable, lo que podría llevar a la liquidación de los activos del concursado.
- Liquidación: Se considera la opción menos deseable en el contexto de un concurso de acreedores, ya que implica la liquidación de los activos del concursado con el fin de satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas concurrentes. La liquidación sólo se aplica en situaciones donde el proyecto resulta inviable y prolongar la actividad solo incrementa la deuda. En el proceso de liquidación, no es necesario que el juez apruebe un plan específico, basta con que se sigan las normativas legales de liquidación. Sin embargo, el juez tiene la facultad de establecer reglas especiales de liquidación al decidir abrir la fase de liquidación.
5.- Calificación del concurso
El tiempo que se tarda en resolver el concurso de acreedores es de entre 6 meses y 2 años. Una vez finalizado, el concurso puede ser categorizado como fortuito o culpable, según las circunstancias que hayan llevado a su ocurrencia.
La fase de calificación se aplica en situaciones de liquidación, incumplimiento de un convenio, o cuando se aprueban convenios que resultan perjudiciales para los acreedores.
Además, los acreedores tienen la facultad de presentar un informe de calificación cuando representen al menos el 5% del pasivo total o sean titulares de créditos que superen el millón de euros.
El concurso culpable
En la fase de calificación, se puede determinar la culpabilidad del concurso.
Esto se produce cuando alguien ha contribuido de manera deliberada o negligente a causar o agravar la insolvencia. Aquellos responsables de provocar o agravar la quiebra:
- Pierden sus derechos de cobro.
- Pueden enfrentar responsabilidad civil e incluso consecuencias legales penales.
- Podrían ser inhabilitados para administrar o representar bienes y personas.
- Están obligados a devolver los bienes y derechos adquiridos de manera indebida. Además, pueden ser condenados a contribuir al pago de las deudas del concursado.
